La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ante el proceso sancionador abierto al Ayuntamiento de Navalcarnero por una posible infracción en materia del patrimonio histórico en lo referente a la actuación en las cuevas situadas bajo la Plaza de Segovia, ha resuelto tipificarla como “infracción administrativa de carácter leve” e imponer al Consistorio una multa de 30.000 euros por no haber solicitado autorización previa antes de realizar las tareas de rehabilitación y acondicionamiento de las mismas.
Patrimonio inició el pasado 6 de marzo el procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por presuntas infracciones administrativas a tenor de la “realización de actuaciones o intervenciones sobre bienes protegidos por la Dirección General de Patrimonio Histórico”. Y es que el ente local había procedido a la ejecución de labores de desescombrado, limpieza y refuerzo mediante la construcción de arcos de ladrillo de, todo ello con el fin de hacerlas visitables y convertirlas en un nuevo recurso turístico del municipio.
Como el Consistorio indicaba en sus alegaciones, la declaración de la Plaza de Segovia como Bien de Interés Cultural (BIC) en el ámbito de Conjunto Histórico, según el decreto 266 de fecha 14 de diciembre de 2000, no incluía, a su entender, las cuevas dentro de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, actuar en ellas no requería solicitud de autorización al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el Ejecutivo regional se acoge a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por el que las cuevas-bodegas estarían sujetas a las normas de protección arqueológica y, por tanto, sí se hace preceptiva la correspondiente autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico antes de realizar cualquier intervención.
En resumen, todo el asunto se reduce a una diferencia de criterio a la hora de interpretar si Patrimonio debía autorizar o no la actuación. Y aunque, finalmente, se ha impuesto el criterio de este organismo, al considerarse que no ha existido intencionalidad de ocasionar daños al patrimonio histórico ni se han constatado tales daños, la cuestión ha quedado en una mera infracción administrativa leve.
El alcalde de la localidad, Baltasar Santos (PP), ha recibido la noticia con satisfacción. El regidor ha querido señalar que “toda esa polémica artificial orquestada en torno a las cuevas por parte de ciertos grupos interesados y algunos medios de comunicación afines queda desmontada con esta resolución”.
Santos recordó que “en su momento, algún medio llegó a publicar que Navalcarnero había sido multado con un millón de euros por abrir dos kilómetros de cuevas, recogiendo las falsedades promovidas por los grupo de la oposición”.
“Estamos ante un escándalo de proporciones bíblicas”, manifestaba entonces el portavoz del PSOE, José Luis Adell.
“Sin embargo, la realidad es tozuda y al final pone a cada uno en su sitio”, señaló el primer edil, quien aseguró que “a pesar de los intentos de algunos por torpedear esta iniciativa, cuyas denuncias han provocado su paralización (con el consiguiente perjuicio económico y turístico para el municipio), las cuevas se abrirán al público próximamente”.
