El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha decidido, en sentencia de 5 de diciembre de 2014, “desestimar el recurso interpuesto por el sindicato CGT por la posible vulneración del Ayuntamiento de Alcorcón del derecho de huelga y la libertad sindical, por la vía de hecho consistente en la utilización de trabajadores de la empresa Tragsa para sustituir a los de Esmasa” en la huelga de recogida de basuras de los pasados meses de enero y febrero.
La sentencia es contundente: “El Ayuntamiento es responsable del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y, en consecuencia también, responsable de garantizar su prestación máxime cuando concurrían las circunstancias de emergencia que, también se ha dejado expuesto porque consta, se daban en este caso: informes de la Inspección de Sanidad dieron a conocer que la acumulación de residuos en las calles del municipio estaba llegando a niveles intolerables provocando situaciones de notoria y denunciada insalubridad”.
“Todo ello, considerando que existen también informes en el expediente administrativo que ponen de manifiesto el insuficiente cumplimiento de los servicios mínimos, lo que agravaba la situación de insalubridad descrita hasta el punto de provocar una situación de emergencia, con aparición de plagas y proliferación de ratas en determinadas zonas”, añade el texto del juez.
“El Ayuntamiento procedió conforme autoriza el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a encomendar a esta entidad mercantil –Tragsa- la realización de determinadas labores de recogida de residuos y limpieza de determinadas áreas. Es importante destacar junto a lo anteriormente expuesto que la encomienda a Tragsa por el Ayuntamiento demandado, amén de justificada y procedimentalmente irreprochable, se hizo con un alcance tan solo parcial pues el encargo referente a la urgente recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza se refirió tan solo a “islas ecológicas” y “contenedores concertados” y en relación únicamente con las zonas que se consideraron de atención prioritaria por ser especialmente sensibles. No se trataba, por tanto, de encomendar a otros la realización del trabajo que no hacían los huelguistas sino solventar la situación de emergencia acreditada y provocada por la insalubridad”, dicta la sentencia.
El escrito del Juzgado es contundente al exponer que “el derecho de huelga, con ser un derecho fundamental, no puede, sin embargo, considerarse como un derecho absoluto y sin límites. Tales límites se encuentran en la necesaria protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, garantizándose la prestación de servicios esenciales para, como en este caso, proteger debidamente la salud de la población cuando ésta se encuentra en grave riesgo”.
“Claramente se desprende que la situación atendida por el Ayuntamiento fue de justificada emergencia y que no produjo ningún menoscabo ni a los trabajadores ni al Comité de Huelga”, asevera el juez justo antes de emitir su fallo desestimando el recurso de CGT.
“Los vecinos como rehenes”
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, destacó que “ahora que la Justicia nos ha dado la razón, es momento de recordar que en aquel momento hubo partidos políticos como PSOE, UPyD e IU, y sindicatos como CCOO, CGT y CSIF, que intentaron hacer todo el daño posible al Gobierno municipal y sacar el máximo provecho de una huelga salvaje, injusta e injustificada que tomó a los vecinos como rehenes sin importarles ni siquiera poner en riesgo su salud”.
“Ahora llega el momento de las responsabilidades: la responsabilidad política de los partidos que apoyaron la huelga e incluso se opusieron a que el Ayuntamiento limpiara cuando la situación ya era de emergencia, y la responsabilidad judicial de los sindicatos que promovieron esta huelga salvaje que provocó tanto daño a la ciudad de Alcorcón, con actos vandálicos de todo tipo, una decena de policías heridos, una veintena de incendios intencionados, decenas de «averías» en camiones de basura, roturas de escaparates y gastos ingentes para devolver la normalidad a la ciudad», aseguró el alcalde de Alcorcón, David Pérez.
