El Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán ha anunciado que en un plazo de 16 meses, la empresa concesionaria de la línea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero deberá ejecutar la totalidad de la empresa.
Ante el incumplimiento del contrato para la puesta en marcha del tren Móstoles-Navalcarnero, el Portavoz del Grupo Municipal Popular y Diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, ha presentado esta mañana una pregunta en la sesión ordinaria, sobre las medidas que el gobierno regional está adoptando para defender los intereses de todos los madrileños.
El Consejero ha explicado que han sido constantes las comunicaciones por escrito, requiriéndole a la empresa concesionaria en multitud de ocasiones, para que reanude las obras y cumpla los compromisos contractuales firmados.
Con fecha 12 de junio de 2015, estando el anterior Gobierno Regional en funciones, ha explicado el Consejero de Transportes, “la concesionaria solicitó formalmente la resolución del contrato administrativo de concesión por las causas alegadas por el concesionario. A finales de junio de 2015, cuando tomó posesión el nuevo Gobierno, inició la revisión de este expediente, para adoptar las decisiones que fueran necesarias para esta situación”.
En los Pliegos queda claro, según ha expresado Rollán, que el concesionario asume el riesgo de construcción de la obra y la inversión se le remuneraría mediante el pago de una tarifa técnica ofertada por el propio concesionario, de 2,94 euros por viajero frente a los 4,45 euros por viajero que estaba previsto como máximo en la licitación.
Además el concesionario también asumía el cien por cien de riesgo de la demanda, que además el propio concesionario cifró en 9.741.969 viajeros al año, muy superior a las estimaciones técnicas que manejaba la Comunidad de Madrid en su momento y que eran de 5,1 millones de viajeros.
Tras solicitar diversos informes técnicos jurídicos y dictamen al Consejo Consultivo, la Comunidad de Madrid entiende como un incumplimiento de contrato y por ello se ha actuado contundentemente, aplicando penalidades contempladas en el pliego por valor de 34 millones de euros a la empresa.
También se les ha dado un plazo de 16 meses para su ejecución de la totalidad del contrato y su puesta en funcionamiento tal y como marca la Ley, además de pagar la sanción impuesta y aportar de nuevo la garantía.
La empresa concesionaria ha presentado recursos en varios momentos de este proceso y hasta ahora, siempre el Juzgado ha ratificado nuestras decisiones.
