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viernes, enero 28, 2022

El Ayuntamiento de Pinto refrenda ante el Instituto Laboral su acuerdo de seguimiento a la actividad de la UTE VALORIZA-GESTYONA por parte de sus trabajadores

El Ayuntamiento de Pinto ha acudido hoy a un acto de conciliación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid para analizar el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales de Aserpinto, de escuchar y proteger a los trabajadores de la UTE Valoriza-Gestiona –antes en Aserpinto- que pongan en su conocimiento prácticas de esta empresa contrarias al cometido de su adjudicación.

El Consistorio tiene la voluntad de continuar con este acuerdo y ha alcanzado el compromiso de todas las partes implicadas (UTE, Aserpinto y sus respectivos comités de empresa) de iniciar un proceso de negociación hasta el 31 de mayo con el objeto de analizar el contenido y los efectos de este acuerdo. Mientras dure ese proceso de negociación, queda en suspenso su aplicación.

Este acuerdo se encuentra inmerso en la estrategia del Ayuntamiento de Pinto, gobernado por Ganemos Pinto, para mantener negociaciones con la empresa UTE Valoriza-Gestyona, responsable de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, para revertir la privatización realizada por la Corporación del PP en 2014.

El motivo aducido se basa en el descontento generalizado en el municipio por la prestación del servicio.
En enero de 2014 entró en vigor la privatización de parte de los servicios que realizaba la empresa pública Aserpinto y que el anterior Gobierno local del PP decidió adjudicar a la UTE Valoriza-Gestyona, asumiendo ésta a una parte de la plantilla. Desde la llegada del actual Ejecutivo, contrario a la privatización, se establecieron tres líneas de actuación: el retorno a Aserpinto de los trabajadores subrogados que habían ganado sus denuncias a la UTE, la potenciación de la limpieza en el municipio y las sanciones por incumplimientos en el servicio.

Por el momento, ya han regresado a la empresa pública cinco trabajadores; en el verano de 2015 el Gobierno solicitó a la UTE un plan de choque para mejorar la limpieza, que incluía demandas municipales como la división del municipio en 13 zonas, con acciones intensivas. Y en cuanto a las sanciones, comenzaron en septiembre de 2015 con dos sanciones económicas (una de ellas grave) que penalizaron con más de 10.000 euros los incumplimientos reiterados en la calidad del servicio.

En abril de 2016 hubo una segunda penalización de carácter grave (11.000 euros) y en septiembre de 2016 dos penalizaciones más de carácter grave por 24.000 euros (12.000 euros por sanción). En mayo de 2017 tuvo lugar la primera sanción de naturaleza muy grave (20.000 euros) por acumulación de dos graves.

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