El Pleno municipal ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal derivada de la modificación de la ley de haciendas locales tras la sentencia de ‘plusvalías’ del Tribunal Constitucional.
“Esta tercera sentencia, del 26 de noviembre de 2021, echó por tierra el impuesto lo que nos provocó un retraso en la aprobación de los Presupuestos 2022 al tener que recalcular los ingresos con una nueva fórmula de cálculo”, ha recordado la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés.
Desde entonces, el Ayuntamiento de Alcorcón ha impulsado diversas acciones como “en primer lugar, reconocer el derecho a la devolución de la plusvalía como ingreso indebido a aquellos contribuyentes con recurso abierto”.
En este sentido, ha recordado que “el Gobierno del PP en 2017 decidió hacer caso omiso a esta cuestión y siguió girando el impuesto a pesar de que existían numerosos casos en lo que no había incremento patrimonial” tras lo que ha añadido que “esas personas recurrieron y ha sido nuestro Gobierno el que, antes de la sentencia de 26 de noviembre y después, les hemos dado la
razón, con sus respectivos intereses y costas en caso de haber llegado a sentencia a su favor”.
La alcaldesa ha destacado además que “en segundo lugar, recalculamos el impuesto a efectos de su inclusión en el Presupuesto de 2022; la nueva fórmula de cálculo establecida por el Gobierno central es mucho más favorable al contribuyente que la anterior, salvo en los casos en que la trasmisión patrimonial es especulativa y a corto plazo”.
Esta situación “implica que perdemos muchos recursos como Ayuntamiento, pero merece la pena por esa justicia tributaria que se echaba en falta en este impuesto”.
De este modo, los cálculos de ingreso para los Presupuestos 2022 bajan de 13‘7 a 10’8, “una bajada de más de un 20% en estimación y mucho más cuando hablamos de recaudación puesto que ha habido años en los que hemos recaudado 18 millones en este impuesto”.
“A pesar de esa sustancial bajada, hemos sido capaces de bajar impuestos gracias a la ayuda del Estado, que este año nos aporta un 11% más de ingresos en el Fondo de Compensación y en los recargos en sus impuestos y que nos trasfieren a los Ayuntamientos”, ha indicado, “por no hablar de la devolución del IVA de 2017 y la puesta en marcha de los fondos europeos que llegan a los municipios”.
Natalia de Andrés ha añadido que “en tercer y último lugar, hemos adaptado nuestra normativa a la nueva que tiene dos novedades: por un lado, no se sujeta a impuesto las trasmisiones de propiedades en las que hay pérdida patrimonial, es decir, si compramos a 300.000 euros y vendemos a 250.000, no hay que girar el recibo”.
“Por otro lado, se calcula la base imponible del impuesto a través de dos fórmulas: una “objetiva”, que es más justa que la anterior y que se cambiará cada año en función de comportamiento del mercado inmobiliario, tal y como ha marcado la Sentencia de 2021; y otra real a la que podrá acogerse aquellos contribuyentes que han de pagar una plusvalía mayor que la ganancia que
hayan podido tener”.
Según ha explicado De Andrés, “todas estas modificaciones van a hacer que tengamos una plusvalía más justa y adecuada a la realidad del mercado inmobiliario y que, por otra parte, bajemos impuestos a nuestros vecinos y vecinas”.
Además, ha señalado que, “pudimos optar en su momento por la subida del tipo de gravamen para compensar la pérdida en la recaudación, pero no lo hemos hecho; es necesario que quede claro que una de las prioridades absolutas a la hora de resolver este problema es que no afectara a la ciudadanía”.
Finalmente, ha destacado que “afortunadamente, esta merma en los ingresos ha sido compensado por las aportaciones del Estado y hemos podido resolver este problema ‘enquistado’ desde hace muchos años por la falta de acción del Partido Popular”.
