El Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 1 de julio ha aprobado unánimemente una medida para impedir nuevas aperturas de casas de apuestas en la ciudad. Mediante la iniciativa aprobada por los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, PP, PSOE y Podemos, en referencia a las casas de apuestas tendrá que haber una distancia mínima de 2 kilómetros entre ellas. Con este acuerdo se ha hace casi imposible la apertura de nuevas casas de apuestas y salas de juegos en la ciudad, excepto dos solicitadas con anterioridad a la aprobación de las nuevas normativas municipal y autonómica.
Con el fin de regularizar la implantación de las casas de apuestas y salas de juegos en la ciudad, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 1 de julio ha tramitado una nueva modificación del Plan Especial de Adecuación de Usos, incrementando la distancia mínima de radio hasta los 2.000 metros entre dos de las mismas.
Con este acuerdo se ha hace casi imposible la apertura de nuevas casas de apuestas y salas de juegos en la ciudad, excepto dos solicitadas con anterioridad a la aprobación de las nuevas normativas municipal y autonómica.
Recordar que en el Pleno celebrado el pasado 27 de noviembre se aprobó con el consenso de PP, PSOE y Podemos que hubiera una distancia mínima de 1 kilómetro entre dos de las casas de apuestas para evitar su proliferación.
El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó que “vamos a seguir consensuando iniciativas con la oposición, siempre que éstas sean positivas para Torrejón de Ardoz y sus vecinos y vecinas, ya que éstos son nuestra prioridad”.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó la urgente tramitación del proyecto de decreto por el que se dispone la suspensión de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de establecimientos de juego en tanto se realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid. Además, advirtió la obligación de encontrar el necesario equilibrio entre permitir una actividad económica y prevenir los efectos que esta actividad puede producir en el orden público, en la salud y en la seguridad pública.
