El Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, reconoce la labor que está realizando Móstoles y otros municipios de la Comunidad de Madrid afectados por el Estado de Alarma para garantizar la aplicación de las medidas para contener el avance de la COVID-19 y pide seguir trabajando para reforzar la coordinación entre los cuerpos policiales.
Durante la tarde de ayer sábado, el Delegado del Gobierno mantuvo una reunión con todas las Concejalas y Concejales del área de Seguridad y los jefes de policía municipal de los Ayuntamientos en los que, desde el pasado viernes, se aplica el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y que establece limitaciones de movilidad para sus ciudadanos. Al encuentro en la Delegación de Gobierno asistieron el Concejal de Seguridad, Álex Martín, y el comisario jefe de la Policía Municipal, Juan Manuel Arribas.
En esa reunión, el Delegado del Gobierno insistió en la necesidad de seguir trabajando en la cooperación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas para doblegar y revertir la curva de contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Móstoles, en una Junta Local de Seguridad urgente y extraordinaria, celebrada el sábado 3 de octubre, dio ya los primeros pasos para intensificar la cooperación entre la Policía Municipal y la Policía Local y puso en marcha, anticipándose al resto de municipios, una Comisión de Coordinación Policial. Esta comisión tiene como objetivo mejorar la colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en Móstoles para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y la eficacia en la aplicación de las medidas para contener el avance el virus. Un trabajo en equipo que está funcionando ya con éxito en el municipio.
Desde el inicio del Estado de Alarma el pasado viernes, se han realizado en Móstoles 37 controles, se ha identificado a 8.049 personas y a 6.564 vehículos. Además, los agentes han interpuesto casi un centenar de denuncias, 61 por entradas o salidas del municipio sin causa justificada.
